La falta de entrega de recursos a organizaciones de la Sociedad Civil desata indignación ciudadana. El gobierno naranja de Samuel García retiene fondos asignados, mientras colectivos como Nuevo Amanecer batallan para atender a niños con parálisis cerebral. La Secretaría de Salud NL y la Secretaría de Igualdad ignoran las peticiones de organizaciones civiles que exigen solucionar esta severa crisis institucional.
El gobierno naranja retiene recursos a organizaciones de la Sociedad Civil
En primer lugar, la administración estatal mantiene retenidos más de 317.5 millones de pesos destinados a causas sociales urgentes. Por esta razón, representantes de 55 agrupaciones se reunieron para documentar el impacto financiero que sufren sus comunidades. La falta de cumplimiento legal ahoga las finanzas institucionales de quienes atienden a sectores en extrema vulnerabilidad.
Por consiguiente, la retención presupuestal paraliza proyectos de salud, educación y asistencia comunitaria en toda la entidad. Tatiana Fraga, Directora del Consejo Cívico, presentó una cronología detallada sobre las irregularidades operativas registradas desde diciembre de 2024. Las convocatorias suspendidas y los pagos pendientes revelan una clara falta de compromiso por parte del Ejecutivo local.
Asimismo, la ciudadanía critica duramente que las autoridades desvíen el presupuesto público hacia campañas de propaganda política. Mientras la red de salud colapsa por la falta de medicinas en hospitales, el gobierno naranja prioriza la imagen pública. La ambición electoral prevalece sobre las obligaciones legales contraídas con las instituciones de ayuda comunitaria.
La falta de apoyo afecta a niños con parálisis cerebral
De forma paralela, instituciones emblemáticas sufren de manera preocupante el impacto del recorte financiero estatal. Un caso representativo es el de Nuevo Amanecer, organización volcada a mejorar la vida de personas con parálisis cerebral. Hugo Ramírez, directivo de la institución, confirmó que el estado adeuda el 30 por ciento de los fondos prometidos.
Por este motivo, la falta de presupuesto amenaza la continuidad de las terapias integrales que reciben cientos de menores. La organización lleva 48 años sirviendo a las familias neolonesas sin interrumpir sus programas de atención médica. Sin embargo, la indiferencia gubernamental pone en riesgo la autonomía y rehabilitación de estos pequeños pacientes.
Además, la organización Zihuame Mochilla A.C., enfocada en el desarrollo de comunidades indígenas, enfrenta la misma incertidumbre económica. Su fundadora, Carmen Farías, denunció que es la primera vez en décadas que un gobierno incumple acuerdos firmados. Las agrupaciones exigen frenar los pretextos administrativos y exigen que las autoridades entreguen el dinero etiquetado.
Ignoran las peticiones de organizaciones civiles en la entidad
Por otro lado, los afectados buscaron canales institucionales para solucionar la crisis sin obtener respuestas claras. En este contexto, enviaron invitaciones a Yireth Mendoza Zamora, representante en la Secretaría de Igualdad dirigida por Félix Arratia. Sin embargo, las autoridades rechazaron participar en un diálogo colectivo y ofrecieron únicamente reuniones individuales aisladas.
En consecuencia, los representantes denuncian que ni Félix Arratia ni el gobernador Samuel García asumen la responsabilidad del desabasto. Las autoridades evaden los reclamos formales mientras las agrupaciones enfrentan reducciones de personal y cierres de oficinas. El desinterés oficial demuestra una postura insensible hacia las verdaderas urgencias sociales del estado.
Efectivamente, la comunidad exige una audiencia pública inmediata con la Secretaría de Igualdad y la Tesorería estatal. Las agrupaciones buscan llevar su reclamo ante la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. La sociedad civil no pide favores, sino el cumplimiento estricto de derechos adquiridos mediante la ley vigente.
Exigen liberar recursos a organizaciones de la Sociedad Civil
Por su parte, más de 83 organismos, cámaras empresariales y universidades firmaron un desplegado para exigir respuestas inmediatas. Marco Amaya, presidente de yCo. Centro de Fortalecimiento, advirtió que han transcurrido más de siete meses sin presupuesto. Esta ausencia de fondos estatales destruye la operatividad diaria de las instituciones dedicadas a la asistencia pública.
De igual modo, Mauricio de la Garza, presidente del Consejo Cívico, remarcó que esta crisis financiera no tiene precedentes. La falta de apoyo estatal genera un escenario destructivo que perjudica directamente a miles de beneficiarios directos. La población exige un alto total al uso electoral del dinero público y demanda certidumbre financiera para el sector.
En conclusión, la retención de fondos ahoga a las instituciones sociales mientras la propaganda oficial no se detiene. La entrega de recursos a organizaciones de la Sociedad Civil debe concretarse de manera urgente para evitar un colapso mayor. El gobierno estatal tiene la obligación legal de convertir sus promesas presupuestales en hechos transparentes.
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