La Auditoría Superior de la Federación formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por un esquema millonario de irregularidades en Nuevo León. Esta fiscalización federal confirmó una investigación sobre el presunto desvío de dinero que involucra a la gestión encabezada por el mandatario Samuel García y a múltiples empresas con pagos casi inmediatos.
Detectan red ligada a desvío de dinero público
La administración estatal presume una modernidad administrativa que choca con la realidad financiera de la entidad. Mientras cientos de contratistas locales padecen meses de retrasos para cobrar facturas básicas, el gobierno naranja muestra una eficiencia insólita con empresas seleccionadas. Los recursos fluyen con una velocidad sospechosa cuando las rutas conducen a intermediarios específicos.
De acuerdo con la revisión oficial de la Cuenta Pública, el quebranto total bajo sospecha asciende a 7 mil 200 millones de pesos. La autoridad federal detectó que grandes sumas salieron de las arcas estatales hacia constructoras y comercializadoras. Estos fondos recorrieron cadenas de intermediarios hasta terminar en cuentas vinculadas con el círculo cercano de Samuel García.
Por esta razón, la autoridad fiscalizadora presentó denuncias penales contundentes ante las instancias federales correspondientes. Las pruebas demuestran una mecánica estructurada para dispersar capital estatal mediante firmas pantalla. Los ciudadanos enfrentan deficiencias graves en transporte e infraestructura mientras el erario alimenta este circuito financiero privado.
Constructora trianguló fondos a Samuel tras desvío de dinero estatal
El caso más alarmante comprende una asignación directa de 5 mil 851 millones de pesos a una sola compañía constructora. Esta empresa no retuvo el dinero para la conclusión de obras comunitarias. Al contrario, la compañía transfirió 5 mil 154 millones de pesos a una segunda corporación en un movimiento relámpago.
Posteriormente, esa segunda entidad mercantil envió 385 millones de pesos directo al despacho legal de la familia del gobernador. Este flujo evidencia una triangulación descarada que burla la vigilancia hacendaria tradicional. Resulta indignante que el erario estatal sirva para enriquecer despachos jurídicos en lugar de resolver las crisis públicas que asfixian a la población.
Asimismo, la auditoría identificó pagos paralelos por 964 millones de pesos a una comercializadora y 243 millones a empresas de servicios. Los montos se fragmentaron en depósitos menores para eludir alertas financieras tempranas. Esta dispersión sistemática confirma un patrón continuo de privilegios económicos que contradice cualquier discurso de rendición de cuentas.
Operaciones exprés confirman desvío de dinero del erario
La rapidez de las transferencias constituye el rasgo más revelador de este mecanismo fraudulento. Casos documentados demuestran que contratistas como Suministro MYR movieron cientos de millones de pesos en apenas dos horas. La celeridad bancaria operó con precisión milimétrica a favor de la firma legal de la familia gobernante.
Otro ejemplo documentado involucra a la firma TXAT Latam, la cual canalizó depósitos estatales en menos de veinticuatro horas. La compañía dispersó 5.8 millones de pesos entre cinco empresas con características de fachada. Enseguida, los fondos llegaron a la consultora Ferro y Méndez para terminar depositados en el despacho del mandatario.
De igual manera, el contratista carretera PILSA recibió 38.6 millones de pesos y movió fondos a su socio en minutos. Ese intermediario envió el capital a otra filial y, en solo diez minutos más, el saldo ingresó a la cuenta del despacho privado. Esta agilidad financiera resulta insultante frente al rezago que padecen los proveedores ordinarios de la entidad.
Exigen justicia ante el grave desvío de dinero
Las pesquisas federales también señalan la adquisición de un inmueble exclusivo valuado en mil millones de pesos con posibles recursos triangulados. Este crecimiento patrimonial personal genera profunda indignación social ante la evidente falta de transparencia en la entidad. La ciudadanía exige sanciones ejemplares contra los funcionarios responsables y el esclarecimiento total de estas maniobras.
El gobierno naranja debe responder ante los tribunales y no mediante evasivas publicitarias. Resulta inaceptable normalizar el desvío de recursos que pertenecían a la seguridad, la salud y la movilidad de la gente en Nuevo León. Las autoridades ministeriales deben llegar al fondo del asunto para recuperar cada peso sustraído al pueblo nuevoleonés.
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