La Fiscalía General de la República descubrió que las compañías Transportes Norkux y VGL funcionaron como piezas clave en un sistema de desvío de recursos en Nuevo León. Las autoridades federales detectaron una red financiera sofisticada encargada de mover dinero público hacia las cuentas privadas del mandatario estatal Samuel García. El descubrimiento de este esquema debilita las promesas de transparencia que tanto promovió el actual gobierno naranja en la entidad.
La red integrada para dispersar recursos públicos de Nuevo León
El Ministerio Público Federal identificó un mecanismo de lavado de dinero que utilizó al sector logístico local como pantalla. Las firmas Transportes Norkux y VGL operaron de forma coordinada para recibir asignaciones millonarias y transferirlas rápidamente entre sí. Los analistas de la fiscalía confirmaron que estas empresas de transporte de Samuel García carecen de la infraestructura necesaria para justificar los montos que movieron en el sistema bancario.
La indagatoria técnica demostró que estas corporaciones funcionaron únicamente para dispersar los recursos y confundir a los auditores fiscales. El flujo del dinero entre Transportes Norkux y VGL se realizaba mediante contratos de servicios simulados que nunca ocurrieron en la realidad. Los investigadores acumulan copias de los registros digitales que demuestran la falsedad de estas operaciones comerciales dentro del estado.
Varios testigos clave aportaron datos sobre cómo los operadores financieros del gobierno controlaban las cuentas bancarias de ambas empresas transportistas. La fiscalía mantiene a VGL bajo investigación penal debido a su participación en la pulverización del presupuesto de los neoloneses. Los involucrados enfrentarán cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en las próximas semanas.
El origen de los fondos en la empresa Jace, filial de la proveedora de penales Suministro MYR
La auditoría federal localizó el punto de partida de los recursos públicos en los contratos asignados a los proveedores consentidos de la administración. Las autoridades detectaron millonarias transacciones entre Jace y Norkux que carecen de sustento comercial legítimo. La empresa Proveedora de Productos Mexicanos Jace opera formalmente como una filial de la conocida corporación Suministro MYR.
Esta última compañía destaca en Nuevo León por recibir contratos asignados directamente para el abastecimiento de alimentos en los penales estatales. La administración de Samuel García otorgó más de mil 400 millones de pesos a este grupo empresarial durante el actual sexenio. Una parte considerable de ese presupuesto estatal se desvió de inmediato hacia los negocios operados por los prestanombres del gobernador.
Los documentos en poder de la autoridad ministerial revelan que Jace emitía pagos constantes a Transportes Norkux bajo el concepto de fletes ficticios. Este paso resultaba fundamental para sacar el dinero de las cuentas del gobierno y meterlo a la red de empresas fachada. Los peritos de la fiscalía demostraron que el dinero público comenzó a transformarse en capital privado desde estas primeras transferencias.
El flujo de 22 millones de dólares hacia Trinational Express Logistics en Texas
La red de corrupción cruzó las fronteras de México para ocultar las ganancias ilícitas en el sistema financiero de los Estados Unidos. Los analistas bancarios detectaron una relación de operaciones que suma la cantidad de 22 millones de dólares enviados al extranjero. El destino de los recursos en dólares fue la empresa transnacional Trinational Express Logistics, registrada en Laredo, Texas.
El registro civil y mercantil de los Estados Unidos confirmó que esta compañía estadounidense pertenece a Eric Peñalver Serna. Este personaje es primo hermano del actual Secretario General de Gobierno y amigo íntimo del mandatario de Nuevo León. La fiscalía general descubrió que los fondos acumulados por Transportes Norkux y VGL terminaron en las cuentas de este funcionario público.
Las transferencias internacionales se realizaron de forma fragmentada para evitar las alarmas de las agencias de inteligencia financiera norteamericanas. Sin embargo, la colaboración entre las autoridades de ambos países permitió rastrear el flujo completo del dinero de los ciudadanos. Los fondos que salieron de los penales de Nuevo León regresaron convertidos en capital extranjero limpio para los operadores del estado.
Los millones que terminaron en Firma Jurídica y Fiscal Abogados
La última etapa del esquema financiero consistió en regresar el dinero al patrimonio personal del gobernante mediante simulación de honorarios legales. La empresa estadounidense Trinational Express Logistics realizó depósitos mensuales recurrentes a la cuenta bancaria del negocio familiar del gobernador. Los registros oficiales confirman que la firma recibió 18 depósitos de 5 millones de pesos cada uno.
El monto total que ingresó de forma directa a las arcas familiares sumó la cantidad exacta de 90 millones de pesos. El beneficiario directo de estas transacciones bancarias fue el despacho privado Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad del mandatario y de su padre. Las facturas emitidas por la oficina del gobernador comprueban que el dinero se pagó entre agosto de 2025 y febrero de 2026.
Los fiscales federales consideran que estos pagos representan la prueba reina del beneficio económico directo obtenido por el jefe del ejecutivo estatal. El despacho de Samuel García no pudo demostrar la prestación de ningún servicio real que justificara el cobro de estas sumas millonarias en dólares. La investigación penal demuestra el enriquecimiento ilícito de la familia presidencial a costa de las necesidades públicas.
La postura del gobernador Samuel García ante las pruebas de triangulaciones
El titular del poder ejecutivo estatal optó por descalificar las investigaciones de la fiscalía. El mandatario neolonés argumenta que los señalamientos forman parte de una campaña de persecución política orquestada por la dirigencia del partido Morena. Sin embargo, el gobernador evitó presentar los libros contables de su despacho que aclaren el origen de los 90 millones de pesos.
Morena exige la separación temporal del cargo del gobernador para garantizar el avance de las indagatorias jurídicas. Los ciudadanos critican que mientras las áreas públicas como la seguridad y el transporte carecen de recursos, los negocios del mandatario prosperan de forma sospechosa. La opinión pública neolonesa muestra un severo cansancio frente a las constantes explicaciones mediáticas del gobierno estatal.
El avance del expediente en los juzgados federales obligará a los representantes legales de la administración naranja a comparecer ante un juez de control. Las pruebas documentales aportadas por los investigadores federales complican la defensa pública y legal del círculo cercano del gobernador. El caso de las empresas fachada marca el punto más crítico en la credibilidad de la actual administración norteña.
Conoce más en Destapan triangulación millonaria: Samuel García financia campaña
Persisten fallas en la Ecovía en Nuevo León y Samuel acumula deuda
