En Nuevo León, las autoridades parecen decididas a archivar sin consecuencias varios casos relacionados con presuntos delitos de Samuel García. A los primeros carpetazos ordenados por la Fiscalía General del Estado, ahora se suman otros cuatro expedientes cerrados por la Fiscalía Anticorrupción. Estas decisiones reflejan, una vez más, la falta de voluntad política y jurídica para investigar a fondo al actual Gobernador.
Según fuentes cercanas a los expedientes, la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Javier Garza y Garza, dictó el inejercicio de la acción penal en varias carpetas de investigación que apuntaban directamente a Samuel García, a su entorno cercano y a su partido, Movimiento Ciudadano. Las justificaciones, como en casos anteriores, se centran en la supuesta “falta de pruebas suficientes” para continuar con los procesos legales.
Anticorrupción ignora delitos de Samuel
Los casos cerrados por la Fiscalía Anticorrupción no son menores. Involucran millones de pesos del erario estatal, asignaciones dudosas de contratos, uso indebido de bienes durante campañas electorales y el presunto uso de recursos públicos para comprar lealtades políticas.
Entre los expedientes destaca el pago de 140 millones de pesos a ECM Soluciones Fiscales, una empresa que comparte domicilio con el despacho jurídico de Samuel García y su padre. Los contratos fueron otorgados por Miguel Ángel Rojas Galván, funcionario del área jurídica tributaria estatal y ex empleado del mismo despacho. El argumento para cerrar el caso fue que compartir dirección con el despacho del Gobernador no constituye delito.
A esta cifra millonaria, diputados sumaron otros 222 millones asignados desde Agua y Drenaje y la Tesorería estatal. En total, los pagos rebasan los 360 millones de pesos, sin que hasta ahora exista una explicación clara del destino de ese dinero ni del procedimiento de asignación de esos contratos.
Más beneficios políticos y cero consecuencias
Otro caso archivado es el de la Cybertruck, camioneta eléctrica que Samuel García presumió durante campañas electorales. El vehículo, presentado como propio, resultó pertenecer a un particular residente en Estados Unidos. Aunque se utilizó para actividades políticas, la investigación se cerró con el argumento de que no había pruebas suficientes de irregularidad.
Más grave aún es el caso de los sobornos a Diputados locales, quienes habrían sido incentivados económicamente para sumarse a la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso. También se cerró la carpeta que investigaba la distribución selectiva de recursos estatales a Alcaldes que decidieron cambiar de partido para respaldar a Samuel García.
Ambas prácticas, que habrían favorecido al Gobernador en su estrategia política, fueron denunciadas públicamente, pero las autoridades optaron por no profundizar en las investigaciones.
Delitos de Samuel quedan impunes
La Fiscalía General del Estado, bajo el mando de Javier Flores, tampoco ha mostrado interés en aplicar la ley cuando se trata del Ejecutivo estatal. En días previos, EL NORTE reveló que otras cuatro investigaciones contra Samuel García también fueron cerradas sin llegar a juicio. Estas carpetas incluyen casos de presunto enriquecimiento ilícito, como la compra de un terreno de 18 hectáreas en San Pedro, valuado en 700 millones de pesos, y un rancho de 700 hectáreas en Linares, cercano a la frontera con Tamaulipas.
Además, también fue archivada una denuncia relacionada con triangulaciones de cientos de millones de pesos provenientes de proveedores del Gobierno estatal hacia el despacho jurídico de Samuel García y su padre. Aunque estos casos fueron considerados de alta prioridad al inicio del sexenio, hoy todos han sido desechados por supuesta falta de pruebas.
Un cuarto caso, aún más delicado, involucraba operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque no fue detallado públicamente. La información fue obtenida por fuentes que tuvieron acceso directo a los expedientes, pues ni el Fiscal General ni el Fiscal Anticorrupción han querido dar entrevistas ni emitir comunicados oficiales al respecto.
Estas acciones reflejan una clara tendencia del gobierno estatal a proteger al mandatario, limitando o anulando toda investigación que implique posibles responsabilidades penales. En lugar de promover transparencia, el sistema de justicia en Nuevo León parece funcionar como un escudo político para el Gobernador.
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