El Operativo Acordeón, vinculado a Movimiento Ciudadano y al Gobernador Samuel García, será oficialmente investigado por el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocara una decisión previa del propio Instituto, que había desestimado una denuncia interpuesta por el PAN.
Esta decisión llega tras semanas de controversia desatada por la distribución de supuestas “guías de votación” a favor de candidatos afines al Ejecutivo estatal, situación documentada por el periódico EL NORTE desde el pasado 22 de mayo. La evidencia incluye la infiltración de periodistas en sesiones de adiestramiento político organizadas por Movimiento Ciudadano, así como la presunta presión ejercida a empleados estatales para participar en el esquema.
La resolución judicial representa un giro importante en el caso, pues obliga al INE a admitir la denuncia presentada por el PAN, sustanciarla y, en consecuencia, iniciar un procedimiento sancionador si encuentra elementos suficientes para determinar que se incurrió en una infracción electoral.
Tribunal ordena al INE investigar Operación Acordeón
La Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó por unanimidad un proyecto que señala que el INE no cumplió con su obligación constitucional de investigar posibles irregularidades, aún cuando contaba con información pública y denuncias formales. El fallo, elaborado por la magistrada Janine Otálora, subraya que el órgano electoral está facultado no sólo para organizar elecciones, sino también para garantizar que se respete el marco legal en los procesos electorales.
“El INE no puede excusarse de investigar posibles infracciones electorales si existen elementos de su probable comisión”, advirtió Otálora durante la sesión pública. En el mismo sentido se manifestó el magistrado Reyes Rodríguez, quien criticó el actuar de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE por haber desechado la denuncia inicial.
Rodríguez recordó que existen notas periodísticas publicadas por EL NORTE que ofrecen indicios claros sobre tiempo, modo y lugar de los hechos, elementos que justifican el inicio de una investigación formal.
¿Qué es el Operativo Acordeón?
El Operativo Acordeón es el nombre con el que se ha identificado un esquema de proselitismo político ilegal vinculado al Gobierno de Nuevo León y al partido Movimiento Ciudadano (MC), encabezado por el Gobernador Samuel García. Este operativo fue revelado mediante una investigación periodística de EL NORTE a finales de mayo de 2024.
Pruebas e infiltraciones periodísticas al Operativo Acordeón
El caso del Operativo Acordeón ganó relevancia luego de que una periodista de EL NORTE se infiltrara en una reunión organizada por operadores de Movimiento Ciudadano en una sede partidista, donde se distribuyeron listas con los nombres de candidatos afines al Gobernador. La investigación reveló que empleados del Gobierno del Estado eran capacitados para operar en favor de estos aspirantes durante la elección del 1 de junio en el Poder Judicial.
La nota periodística, publicada el 22 de mayo, fue la primera de varias entregas que documentaron actividades similares en otras sedes. El 31 de mayo, EL NORTE reportó otra infiltración, esta vez en una bodega de Escobedo, donde lideresas eran capacitadas para reclutar votantes y promover el uso de los “acordeones”.
En paralelo, el dirigente local de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez, alimentó la polémica al publicar una fotografía en redes sociales donde aparecía con un acordeón musical, acompañada del mensaje: “Ya alistando la acordeón pa’l gran evento”, en una aparente burla a las denuncias en curso.
Acusaciones contra Movimiento Ciudadano por fraude del Operativo Acordeón
La denuncia inicial presentada por el PAN señalaba que el partido Movimiento Ciudadano habría incurrido en actos de proselitismo utilizando recursos públicos, coaccionado a servidores públicos y manipulado el proceso electoral con fines partidistas. También se acusó a Baltazar Martínez y a otros operadores políticos de usar la estructura del Estado para favorecer a sus candidatos.
Sin embargo, la Unidad Técnica del INE rechazó la denuncia bajo el argumento de que los partidos políticos no podían participar en ese tipo de procesos judiciales. El Tribunal Electoral revirtió esa decisión, argumentando que el INE tiene la responsabilidad de investigar cualquier hecho que pudiera representar una violación a la legislación electoral, sin importar el origen de la denuncia.
Durante la sesión, la presidenta del Tribunal, Mónica Soto, respaldó esta postura al señalar que había suficientes elementos para admitir la denuncia, y agregó que el INE debía actuar en concordancia con los principios constitucionales de legalidad, certeza y equidad en las elecciones.
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