La Auditoría Superior del Estado documentó 786 depósitos millonarios vinculados a las triangulaciones del gobernador de Nuevo León durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2025. Según el informe oficial, proveedores estatales transfirieron 1,696.6 millones de pesos hacia el despacho privado de Samuel, una empresa familiar operada por el padre de Samuel García bajo la estructura de una Firma Jurídica y Fiscal.
Hallazgos oficiales sobre las triangulaciones del gobernador de Nuevo León
El auditor superior, Alejandro Reynoso Gil, compareció ante los diputados del Congreso local para detallar el destino de los recursos públicos. Durante su exposición, el funcionario presentó evidencia documental sobre un esquema financiero que involucra directamente a contratistas de la actual administración estatal.
Asimismo, el órgano fiscalizador estatal detectó que el dinero público circuló mediante cuatro rutas específicas de transferencia bancaria. Estas operaciones suman un monto inicial de 728.1 millones de pesos provenientes de empresas con contratos vigentes en el gobierno estatal.
Por otro lado, la revisión contable identificó 968.5 millones de pesos adicionales en depósitos de otros proveedores gubernamentales. Estas transacciones permanecen bajo un escrutinio estricto debido a las inconsistencias fiscales que presentan en los registros oficiales.
Además, el reporte técnico desglosa el origen exacto de los flujos de capital hacia el despacho señalado. Una constructora transfirió 385.3 millones de pesos, mientras que empresas comercializadoras y de alimentos aportaron 202.9 millones de pesos.
De igual manera, firmas de servicios y consultoría depositaron 62.9 millones de pesos en las cuentas del despacho. A esto se suman 77 millones de pesos provenientes de compañías dedicadas a la venta de equipamiento para el sector público.

Mecanismos financieros detrás de las triangulaciones del gobernador de Nuevo León
Los auditores estatales rastrearon movimientos bancarios atípicos que ocurrieron en plazos sumamente cortos entre los contratistas y el despacho familiar. En un caso específico, un proveedor estatal depositó 261.4 millones de pesos en la cuenta del despacho jurídico.
Inmediatamente después, al día siguiente de recibir el dinero, la firma legal transfirió 262 millones de pesos a una empresa inmobiliaria. Este tipo de triangulación financiera evidencia la velocidad con la que los recursos salieron del circuito gubernamental hacia el sector privado.
Por otra parte, la Auditoría Superior del Estado reportó que estos capitales generaron rendimientos financieros por 418.8 millones de pesos. Esta ganancia equivale a un ingreso neto de 7.2 millones de pesos cada mes para los beneficiarios de la red.
En consecuencia, el monto total bajo investigación asciende a 2,115.4 millones de pesos al sumar los depósitos y sus intereses. Aunque el auditor mantuvo la reserva legal sobre los nombres propios, fuentes cercanas al proceso confirman que se trata de la red de despachos de la familia de Samuel García.
Impacto en dependencias clave y proveedores del sector salud estatal
La investigación financiera también alcanzó a instituciones asistenciales y áreas sensibles de la administración pública de Nuevo León. El informe oficial documenta transferencias por 23.2 millones de pesos hacia el mismo despacho mediante proveedores del DIF Nuevo León, dependencia encabezada por Mariana Rodríguez Cantú.
Asimismo, el órgano fiscalizador detectó operaciones por 74.1 millones de pesos vinculadas a una empresa distribuidora de medicamentos oncológicos. Estos recursos llegaron tanto al despacho jurídico principal como a otras sociedades mercantiles relacionadas con el mismo grupo.
Por consiguiente, diversos sectores políticos y sociales cuestionan la ética administrativa del gobierno estatal ante el manejo de fondos destinados a la salud y la asistencia social. La oposición legislativa exige que las autoridades judiciales esclarezcan el presunto conflicto de interés entre los contratistas y el entorno familiar del mandatario.

Antecedentes federales sobre las triangulaciones del gobernador de Nuevo León
Este reporte estatal se suma a las indagatorias previas que mantienen las autoridades fiscalizadoras a nivel nacional contra la administración de Nuevo León. El pasado 16 de octubre de 2026, la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República.
Dicha denuncia federal señala una presunta triangulación de recursos públicos que supera los 7,200 millones de pesos desde las arcas estatales. Los auditores federales encontraron patrones similares de dispersión de dinero hacia despachos y empresas vinculadas con funcionarios locales.
Finalmente, la revisión global de la Cuenta Pública 2025 en Nuevo León concluyó con un saldo de 8,902 observaciones que el gobierno estatal no logró solventar. El impacto económico y financiero de estas irregularidades alcanza los 61 mil millones de pesos, cifra que mantiene bajo presión política y legal a la administración actual.
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