La política del norte del país atraviesa una de sus mayores crisis de credibilidad tras destaparse un escándalo financiero que liga al mandatario estatal con el contrabando de hidrocarburos. En varios sectores sociales ya se usa el término huachigobernador de Nuevo León. Sirve para describir la compleja situación legal que enfrenta Movimiento Ciudadano.Esto ocurre tras los recientes operativos federales. Las acusaciones cobraron fuerza luego de que elementos ministeriales arrestaran a un prominente operador comercial en la región, cuya organización inyectó recursos millonarios a los negocios privados de los parientes más cercanos del gobernador. Ante este panorama, los ciudadanos regiomontanos han levantado la voz para exigir auditorías profundas, señalando que la entidad merece un esclarecimiento total sobre el origen de los recursos que nutren las cuentas bancarias del entorno familiar del Ejecutivo.
El origen del descontento social radica en la revelación de un gigantesco esquema de simulación fiscal que operaba de manera impune en la zona metropolitana de Monterrey. Los reportes oficiales indican que las fuerzas federales ejecutaron de forma simultánea múltiples órdenes de cateo en exclusivas zonas de los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey, García y Salinas Victoria, logrando neutralizar una célula delictiva de gran alcance. De forma paralela, en una acción independiente desarrollada en el municipio de Cadereyta, los efectivos de seguridad incautaron un cargamento que superaba el millón de litros de carburante ilegal. La magnitud de estos decomisos muestra que el mercado informal de energía creció con fuerza en la entidad. Esto genera dudas sobre el nivel de supervisión o protección política. Estas condiciones pudieron facilitar el avance de actividades ilícitas. Estas actividades atentan contra el patrimonio de la nación.
El despacho del padre de Samuel García recibió transferencias
Las pesquisas contables coordinadas por las agencias hacendarias federales pusieron bajo los reflectores de la justicia a la sociedad civil denominada GMA Firma Jurídica Fiscal. Los expedientes confirman que el despacho del padre de Samuel García recibió transferencias monetarias de forma constante por parte de la principal compañía operada por el ahora imputado civil. Este bufete especializado en consultoría legal y estrategias tributarias es propiedad legítima de Samuel Orlando García Mascorro y Samuel Orlando García Villarreal, padre y medio hermano, respectivamente, del gobernador de la entidad. Es fundamental aclarar que esta firma legal funciona de manera totalmente independiente a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, otra sociedad comercial en la cual el mandatario estatal sí posee una copropiedad declarada formalmente en conjunto con su progenitor.
La revisión a los libros de contabilidad de GMA Firma Jurídica Fiscal expone que el grueso de sus operaciones comerciales se concentra en brindar representación jurídica a consorcios privados pertenecientes al ramo energético en el norte de la República. Entre los meses de noviembre de 2021 y marzo de 2022, un periodo que coincide plenamente con el arranque de la actual administración local, el bufete de los familiares del gobernador expidió una serie de ocho facturas fiscales consecutivas. Los conceptos asentados en dichos archivos digitales correspondieron a supuestos honorarios por servicios profesionales, acumulando un cobro exacto de 15 millones 59 mil 957 pesos en un intervalo de apenas cuatro meses de transacciones. Todos estos folios fueron verificados minuciosamente en el portal digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde se constató que se mantienen completamente vigentes y sin registro de cancelaciones.
Para el negocio de consultoría de los parientes del mandatario, estos ingresos no representaron una operación menor. En el balance histórico de facturación comprendido entre los años 2021 y 2026, las aportaciones de este cliente bajo sospecha se consolidaron como el sexto mejor ingreso de toda la firma legal. La presencia de grandes corporativos de hidrocarburos es constante en las finanzas de los García, destacando cuentas millonarias con marcas como Enerey Latinoamérica, con 353.3 millones de pesos facturados; Petrolíferos Lobo, con 279.9 millones; y la empresa Energéticos Dos Águilas, con depósitos registrados por 42.3 millones de pesos. Debido a estas alarmantes cifras, diversos sectores civiles exigen que se aclare el papel del denominado huachigobernador de Nuevo León ante las evidencias contables que exponen la ruta del dinero desde el sector de los combustibles hacia el entorno de sus consanguíneos.
La empresa Maquiladora de Lubricantes pagó millones
El eje central de los depósitos bancarios antes descritos recae sobre la persona moral identificada como Maquiladora de Lubricantes. Las auditorías practicadas por la federación demuestran que la empresa Maquiladora de Lubricantes pagó millones de pesos en contratos de asesorías jurídicas de manera concurrente con la expansión de sus propias operaciones comerciales. El accionista principal y administrador único de este negocio es el ciudadano Jesús Ricardo Puente, el empresario arrestado por las fuerzas federales durante los recientes cateos metropolitanos. Este hallazgo ha vuelto a encender las alarmas a nivel nacional respecto a los preocupantes vínculos financieros entre empresas bajo sospecha y familiares de funcionarios en los gobiernos locales.
Al revisar minuciosamente el balance de ingresos y egresos de esta compañía, los auditores fiscales de la federación identificaron discrepancies contables monumentales que resultan inexplicables bajo un esquema comercial ordinario. En el periodo comprendido entre 2021 y 2025, la compañía de Puente declaró ante las autoridades fiscales ingresos totales por facturación de 7 mil 95 millones de pesos; no obstante, en el mismo lapso registró gastos y deducciones equivalentes a 9 mil 164 millones de pesos, operando bajo un evidente esquema de pérdidas simuladas para evadir la fiscalización ordinaria. Los años de mayor esplendor para este negocio ocurrió en 2021 y 2022, fechas en las que reportaron ingresos brutos por 4 mil 618 millones y mil 344 millones de pesos de manera respectiva, coincidiendo con las fechas de pago a los García. La bonanza comercial se mantuvo hasta el año 2024, periodo en el cual la compañía continuó percibiendo flujos superiores a los 500 millones de pesos anuales.
No obstante, el panorama de la empresa cambió de forma radical conforme el Gobierno Federal incrementó la presión y las inspecciones comerciales en contra de las estructuras dedicadas al contrabando de energéticos en el norte de México. Debido al congelamiento de cuentas bancarias y al bloqueo de sus folios digitales por parte del SAT, las entradas económicas de Maquiladora de Lubricantes sufrieron un colapso histórico, desplomándose drásticamente a solo 67 millones de pesos durante el transcurso del año 2025, y llegando a un registro absoluto de cero pesos de ingresos en lo que va del año 2026. Los antecedentes comerciales del negocio indican que fue fundado originalmente en el año 1993 por dos socios particulares, quienes posteriormente vendieron sus acciones a Jesús Ricardo Puente, quien empezó a ejercer control en las asambleas societarias desde 2008. Los registros oficiales confirman que hasta el mes de agosto de 2025, fecha del último movimiento inscrito ante el Registro Público de Comercio, Puente se mantenía de forma ininterrumpida como socio principal y administrador único de la empresa.
La red de Los Petrofactureros simulaba operaciones
Las indagatorias conducidas por el Ministerio Público de la Federación revelan la complejidad de la estructura criminal desmantelada. De acuerdo con los informes oficiales, la red de Los Petrofactureros simulaba operaciones comerciales e industriales a gran escala con el propósito explícito de blanquear capitales obtenidos de forma ilícita. Esta organización criminal, denominada formalmente bajo ese pseudónimo por las corporaciones de seguridad federales desde el pasado 22 de abril, se encontraba integrada por un grupo extenso de personas físicas que daban de alta y controlaban más de 40 empresas distintas. El propósito de este entramado era aparentar una intensa actividad comercial y movimientos logísticos dentro del sector energético y del transporte de carga pesada.
El fraude radicaba en que, tras realizar inspecciones físicas y fiscales, las autoridades descubrieron que ninguna de estas 40 empresas contaba con la infraestructura real, los camiones cisterna, las plantas de almacenamiento o el personal operativo mínimo necesario para llevar a cabo las millonarias actividades comerciales que reportaban en papel. El descubrimiento se sumó a las constantes investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre robo de combustible que se llevan a cabo de forma prioritariamente en las inmediaciones de los corredores industriales. Esta serie de señalamientos en contra del huachigobernador de Nuevo León obligan a las instituciones federales a profundizar en los peritajes financieros para descartar que el cobro de honorarios legales haya servido como un mecanismo indirecto de legitimación de recursos.
La sociedad civil norteña mantiene una postura firme de exigencia, argumentando que es inaceptable que los despachos jurídicos privados de la familia del gobernador terminaran cobrando sumas millonarias provenientes de corporativos que hoy se sabe que formaban parte medular de una red de lavado de dinero del robo de energéticos. Mientras los procesos penales siguen su curso en los tribunales federales correspondientes, las demandas de justicia e investigación no cesarán hasta que se determine con total claridad jurídica si existió algún tipo de complicidad o encubrimiento político que facilitara el cobro de los comprobantes fiscales emitidos en favor de los parientes del mandatario regiomontano, garantizando que ninguna red de impunidad quede sin castigo y se salvaguarde el patrimonio del Estado.
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