- Extorsión De Samuel Denunciada Tras Clausura
- Presiones Y Respuesta Del Sector Empresarial
- Audio Exhibe Extorsión De Samuel García A Empresa Matrimar
- Militancia Exige Renuncia De Líder Por Extorsión De Samuel
- Matrimar Judicializa Denuncia Por La Extorsión De Samuel García
- Frena Juez Abusos Estatales En Cerralvo Y Reabre Matrimar
La extorsión de Samuel volvió a colocarse en la agenda pública luego de que la empresa pedrera Matrimar denunciara presiones del gobierno estatal. La firma acusó clausuras arbitrarias y exigencias de pagos ilegales. El conflicto involucra a la empresa pedrera Matrimar y a autoridades del gobierno estatal por irregularidades ambientales y administrativas.
Extorsión De Samuel Denunciada Tras Clausura
La madrugada del martes, autoridades estatales acudieron a las instalaciones de la empresa pedrera Matrimar. Según la compañía, el operativo ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana. El objetivo fue clausurar la pedrera ubicada en la zona de la sierra de Picachos.
La firma calificó la medida como ilegal. Además, afirmó que la clausura ocurrió días después de rechazar una extorsión millonaria.
En un comunicado difundido en redes sociales, la empresa sostuvo que la exigencia económica carecía de sustento legal. Por ello, describió el acto como una “extorsión disfrazada de acoso institucional”.
En ese contexto, la firma sostiene que la extorsión de Samuel se enmarca en una serie de presiones administrativas. Según su versión, las clausuras forman parte de un patrón que busca forzar pagos fuera del marco legal.
Amparo Y Reactivación De Operaciones
Tras las clausuras, la empresa acudió a tribunales. Logró un amparo que le otorgó la suspensión definitiva para reanudar actividades. Con esa resolución, anunció la reactivación de sus operaciones.
La compañía indicó que más de 500 familias dependen directamente de su actividad productiva. Por ello, aseguró que la reapertura no responde a acuerdos indebidos, sino a certeza jurídica.
Asimismo, reiteró que la empresa pedrera Matrimar opera dentro de la ley. Enfatizó que la lucha legal no busca confrontación política, sino estabilidad laboral para su plantilla.
Presiones Y Respuesta Del Sector Empresarial
El caso también generó eco en el sector productivo de Nuevo León. Diversos organismos empresariales han manifestado preocupación por el clima fiscal y regulatorio. Señalan que las cargas propuestas por el gobierno estatal afectan la competitividad.
En diciembre pasado, cámaras industriales y empresariales cuestionaron el aumento al Impuesto Sobre Nómina. El ajuste se planteó para financiar obras ligadas al Mundial 2026. No obstante, empresarios advirtieron que podría frenar la inversión.
En ese escenario, la denuncia por extorsión de Samuel se suma a un ambiente de tensión entre autoridades y sector privado. La empresa pedrera Matrimar sostiene que no cederá ante presiones económicas.
Extorsión De Samuel Y Debate Legal Abierto
La pedrera reiteró que su operación es legal y responsable. Afirmó que no realizará pagos fuera del marco jurídico. También exigió que cesen las amenazas de nuevas investigaciones o sanciones.
Por otro lado, el gobierno estatal mantiene la postura de que actúa conforme a la ley ambiental. La Secretaría de Medio Ambiente ha señalado que vigila el cumplimiento normativo en zonas sensibles.
Mientras tanto, el debate continúa. La extorsión de Samuel, según la versión de la empresa, refleja un conflicto que trasciende lo ambiental. Para la firma, el problema radica en la falta de certeza jurídica y en el uso de instrumentos administrativos como medida de presión.
El caso permanece abierto. La empresa pedrera Matrimar mantiene su defensa en tribunales y sostiene que seguirá operando con respaldo legal. Por su parte, el gobierno estatal no ha emitido una respuesta específica a la acusación directa de extorsión.
En consecuencia, el conflicto podría escalar a otras instancias. El sector empresarial observa con atención el desenlace. La relación entre inversión privada y autoridad estatal enfrenta un nuevo episodio de tensión.
La extorsión de Samuel, como la denomina la compañía, se convierte así en un punto central de discusión en Nuevo León. Más allá de la disputa puntual, el tema abre un debate sobre regulación ambiental, certeza jurídica y equilibrio entre desarrollo económico y protección del entorno.
Audio Exhibe Extorsión De Samuel García A Empresa Matrimar
La administración de Samuel García enfrenta pruebas de extorsión estatal, tras filtrarse un audio que vincula al dirigente de MC, Baltazar Martínez, en una negociación ilegal. La empresa Matrimar señala que se le exigió un “pago fuerte” de 50 millones de pesos para operar. Este escándalo de extorsión estatal pone bajo la lupa el uso de instituciones para presionar empresas.
La grabación expone a Baltazar Martínez Ríos fungiendo como intermediario entre el Gobierno y la empresa Materiales Triturados Martínez. En la llamada, el líder emecista menciona que las auditorías de la SATNL ya estaban “construidas” contra la pedrera.
Martínez Ríos sugiere al directivo de la empresa que deben “alinearse” para poder levantar las suspensiones vigentes. En el diálogo se menciona la participación de funcionarios clave como Roberto Santos, director de Fiscalización.
El audio es contundente al señalar que la empresa se encuentra “arrinconada”. Según el mediador, el conflicto administrativo cesaría únicamente tras concretar un acuerdo económico importante con las autoridades estatales.
Funcionarios Emecistas Implicados En El Esquema De Extorsión Estatal
En la negociación también aparecen nombres de secretarios del gabinete de Samuel García. El dirigente de MC menciona a “Raúl”, identificado como Raúl Lozano, Secretario de Medio Ambiente.
Se detalla que Medio Ambiente es una de las dependencias que ejerce mayor acoso mediante inspecciones constantes. Martínez Ríos propone incluso parcialidades para facilitar que el pago fuerte sea entregado sin contratiempos.
Asimismo, se menciona a Miguel “Mike” Flores, Secretario General de Gobierno, como la figura que daría el visto bueno final. La estrategia consistía en simular aclaraciones fiscales tras haber aceptado la cuota impuesta.
A pesar de que el gobierno de Samuel presume ser incorruptible ni Mike Flores, ni Raúl Lozano ni Baltazar Martínez tienen consecuencias.
Militancia Exige Renuncia De Líder Por Extorsión De Samuel
La estructura interna de Movimiento Ciudadano enfrenta una ruptura sin precedentes tras la difusión de audios que vinculan a su dirigente, Baltazar Martínez, con la extorsión de Samuel García. El escándalo estalló cuando se hizo público un material audio donde el líder partidista exige un pago de 50 millones de pesos a la empresa Matrimar. Ante esta evidencia, un grupo de militantes y colaboradores lanzó un ultimátum exigiendo la salida inmediata de Martínez, señalando que no permitirán que intereses mezquinos destruyan el proyecto político.
La presión contra el dirigente no se limita a su salida del cargo, pues los simpatizantes amenazan con ventilar una red de irregularidades aún más profunda de Samuel García y su partido si no se cumple su demanda. Entre las revelaciones prometidas figuran presuntos actos de acoso sexual, nepotismo y abuso laboral dentro del partido, además de una supuesta simulación en las finanzas del Estado bajo la extorsión de Samuel. La militancia sostiene que el partido está a tiempo de “corregir el rumbo” y “demostrar congruencia” ante la ciudadanía de Nuevo León, pero esto nunca lo han cumplido.
A pesar de que Martínez Ríos admitió su participación en el audio, justificándose como un simple “intermediario” entre el Estado y la pedrera, su negativa a renunciar ha encendido los ánimos de las bases. Este conflicto expone la fragilidad de la administración actual. La crisis se mantiene abierta mientras el plazo para la renuncia expira, dejando la credibilidad de la dirigencia estatal en vilo.
Disputa Legal Y Amparos Contra La Extorsión Estatal
Matrimar sostiene que este acoso derivó de su negativa a pagar el polémico Impuesto Verde desde el año 2025. Por ello, la empresa ha promovido diversos recursos legales para frenar las clausuras de Protección Civil.
A pesar de obtener amparos, la administración estatal ha reincidido en cierres injustificados durante las madrugadas. La compañía califica estas acciones como un modus operandi carente de sustento legal.
Finalmente, la resolución judicial más reciente confirma que los actos de la autoridad son improcedentes. La empresa asegura que no cederá ante los intentos de extorsión que buscan beneficios personales sobre la ley.
Matrimar Judicializa Denuncia Por La Extorsión De Samuel García
El escándalo por la extorsión de Samuel García ha pasado del terreno de las acusaciones mediáticas al ámbito penal. El pasado 21 de febrero, la empresa Matrimar formalizó una denuncia de hechos ante la Fiscalía Anticorrupción, presentando pruebas sobre el sistemático acoso operado por el gobierno estatal. El expediente detalla cómo la administración utilizó la estructura de la Tesorería para asfixiar a la compañía, exigiendo pagos millonarios en efectivo a cambio de levantar clausuras arbitrarias.
Según el documento legal, tras la parálisis de actividades impuesta en octubre, diversos intermediarios políticos vinculados al mandatario exigieron una “cuota” de 50 millones de pesos. La denuncia ante la fiscalía precisa que estas demandas de dinero en efectivo eran la única condición impuesta por funcionarios de alto nivel para permitir que la empresa retomara sus operaciones sin más molestias administrativas.
Ante la gravedad de los hechos denunciados, la justicia ha comenzado a actuar. Un Juez de Control ya ordenó el restablecimiento del inmueble, reconociendo que la empresa fue víctima de una persecución que excede las facultades del Estado. Con la carpeta de investigación ahora en manos de la Fiscalía Anticorrupción, el caso de la extorsión de Samuel se perfila como un proceso clave para desmantelar una + red de cobros ilegales que utiliza las auditorías fiscales como herramienta de chantaje contra el sector privado.
Frena Juez Abusos Estatales En Cerralvo Y Reabre Matrimar
La justicia asestó un golpe a la arbitrariedad del Poder Ejecutivo al permitir que la planta de Matrimar reinicie sus labores tras 100 días de asedio. El fallo surge tras una serie de pruebas que apuntan a una extorsión de Samuel García y su círculo cercano, quienes mantenían sellos de clausura sin sustento legal sólido. Esta reactivación económica ocurre en un clima de tensión donde el gobierno estatal ha sido señalado por utilizar las inspecciones ambientales como herramienta de presión financiera.
El desbloqueo de la compañía fue coordinado por la Fiscalía Anticorrupción, cuyos agentes retiraron las lonas de suspensión colocadas originalmente por Protección Civil. Durante la diligencia, se confirmó que la empresa cumplió con los requisitos para operar, dejando al descubierto que el cierre respondía a intereses del estado ajenos a la seguridad. La comunidad de Cerralvo fue testigo de cómo la ley puso un límite a la extorsión de Samuel, devolviendo la estabilidad a una zona que depende críticamente de esta industria.
La reactivación de la pedrera generó un impacto logístico inmediato en las rutas de carga del norte del estado. Cientos de transportistas, que habían quedado varados por meses debido a las decisiones del gobierno estatal, volvieron a sus actividades regulares apenas se abrieron los portones. Este regreso a la producción no solo beneficia a los empresarios, sino que asegura el sustento de 500 familias que fueron víctimas colaterales de este conflicto político y económico que llegó hasta los tribunales.
Por su parte, la defensa de la planta sostiene que las evidencias de la extorsión de Samuel son contundentes, incluyendo grabaciones de legisladores exigiendo pagos millonarios. El fallo del Juez de Control representa una victoria para la legalidad, enviando un mensaje claro de que el gobierno estatal no puede actuar por encima de la justicia. Mientras la maquinaria vuelve a encenderse, el proceso legal por actos de corrupción continúa, buscando deslindar responsabilidades sobre el uso de recursos públicos para fines intimidatorios.
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