La extorsión de Samuel volvió a colocarse en la agenda pública luego de que la empresa pedrera Matrimar denunciara presiones del gobierno estatal. La firma acusó clausuras arbitrarias y exigencias de pagos ilegales. El conflicto involucra a la empresa pedrera Matrimar y a autoridades del gobierno estatal por presuntas irregularidades ambientales y administrativas.
Extorsión De Samuel Denunciada Tras Clausura
La madrugada del martes, autoridades estatales acudieron a las instalaciones de la empresa pedrera Matrimar. Según la compañía, el operativo ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana. El objetivo fue clausurar la pedrera ubicada en la zona de la sierra de Picachos.
La firma calificó la medida como ilegal. Además, afirmó que la clausura ocurrió días después de rechazar una extorsión millonaria.
En un comunicado difundido en redes sociales, la empresa sostuvo que la exigencia económica carecía de sustento legal. Por ello, describió el acto como una “extorsión disfrazada de acoso institucional”.
En ese contexto, la firma sostiene que la extorsión de Samuel se enmarca en una serie de presiones administrativas. Según su versión, las clausuras forman parte de un patrón que busca forzar pagos fuera del marco legal.
Amparo Y Reactivación De Operaciones
Tras las clausuras, la empresa acudió a tribunales. Logró un amparo que le otorgó la suspensión definitiva para reanudar actividades. Con esa resolución, anunció la reactivación de sus operaciones.
La compañía indicó que más de 500 familias dependen directamente de su actividad productiva. Por ello, aseguró que la reapertura no responde a acuerdos indebidos, sino a certeza jurídica.
Asimismo, reiteró que la empresa pedrera Matrimar opera dentro de la ley. Enfatizó que la lucha legal no busca confrontación política, sino estabilidad laboral para su plantilla.
Presiones Y Respuesta Del Sector Empresarial
El caso también generó eco en el sector productivo de Nuevo León. Diversos organismos empresariales han manifestado preocupación por el clima fiscal y regulatorio. Señalan que las cargas propuestas por el gobierno estatal afectan la competitividad.
En diciembre pasado, cámaras industriales y empresariales cuestionaron el aumento al Impuesto Sobre Nómina. El ajuste se planteó para financiar obras ligadas al Mundial 2026. No obstante, empresarios advirtieron que podría frenar la inversión.
En ese escenario, la denuncia por extorsión de Samuel se suma a un ambiente de tensión entre autoridades y sector privado. La empresa pedrera Matrimar sostiene que no cederá ante presiones económicas.
Extorsión De Samuel Y Debate Legal Abierto
La pedrera reiteró que su operación es legal y responsable. Afirmó que no realizará pagos fuera del marco jurídico. También exigió que cesen las amenazas de nuevas investigaciones o sanciones.
Por otro lado, el gobierno estatal mantiene la postura de que actúa conforme a la ley ambiental. La Secretaría de Medio Ambiente ha señalado que vigila el cumplimiento normativo en zonas sensibles.
Mientras tanto, el debate continúa. La extorsión de Samuel, según la versión de la empresa, refleja un conflicto que trasciende lo ambiental. Para la firma, el problema radica en la falta de certeza jurídica y en el uso de instrumentos administrativos como medida de presión.
El caso permanece abierto. La empresa pedrera Matrimar mantiene su defensa en tribunales y sostiene que seguirá operando con respaldo legal. Por su parte, el gobierno estatal no ha emitido una respuesta específica a la acusación directa de extorsión.
En consecuencia, el conflicto podría escalar a otras instancias. El sector empresarial observa con atención el desenlace. La relación entre inversión privada y autoridad estatal enfrenta un nuevo episodio de tensión.
La extorsión de Samuel, como la denomina la compañía, se convierte así en un punto central de discusión en Nuevo León. Más allá de la disputa puntual, el tema abre un debate sobre regulación ambiental, certeza jurídica y equilibrio entre desarrollo económico y protección del entorno.
Audio Exhibe Extorsión De Samuel García A Empresa Matrimar
La administración de Samuel García enfrenta pruebas de extorsión estatal, tras filtrarse un audio que vincula al dirigente de MC, Baltazar Martínez, en una negociación ilegal. La empresa Matrimar señala que se le exigió un “pago fuerte” de 50 millones de pesos para operar. Este escándalo de extorsión estatal pone bajo la lupa el uso de instituciones para presionar empresas.
La grabación expone a Baltazar Martínez Ríos fungiendo como intermediario entre el Gobierno y la empresa Materiales Triturados Martínez. En la llamada, el líder emecista menciona que las auditorías de la SATNL ya estaban “construidas” contra la pedrera.
Martínez Ríos sugiere al directivo de la empresa que deben “alinearse” para poder levantar las suspensiones vigentes. En el diálogo se menciona la participación de funcionarios clave como Roberto Santos, director de Fiscalización.
El audio es contundente al señalar que la empresa se encuentra “arrinconada”. Según el mediador, el conflicto administrativo cesaría únicamente tras concretar un acuerdo económico importante con las autoridades estatales.
Funcionarios Emecistas Implicados En El Esquema De Extorsión Estatal
En la negociación también aparecen nombres de secretarios del gabinete de Samuel García. El dirigente de MC menciona a “Raúl”, identificado como Raúl Lozano, Secretario de Medio Ambiente.
Se detalla que Medio Ambiente es una de las dependencias que ejerce mayor acoso mediante inspecciones constantes. Martínez Ríos propone incluso parcialidades para facilitar que el pago fuerte sea entregado sin contratiempos.
Asimismo, se menciona a Miguel “Mike” Flores, Secretario General de Gobierno, como la figura que daría el visto bueno final. La estrategia consistía en simular aclaraciones fiscales tras haber aceptado la cuota impuesta.
Disputa Legal Y Amparos Contra La Extorsión Estatal
Matrimar sostiene que este acoso derivó de su negativa a pagar el polémico Impuesto Verde desde el año 2025. Por ello, la empresa ha promovido diversos recursos legales para frenar las clausuras de Protección Civil.
A pesar de obtener amparos, la administración estatal ha reincidido en cierres injustificados durante las madrugadas. La compañía califica estas acciones como un modus operandi carente de sustento legal.
Finalmente, la resolución judicial más reciente confirma que los actos de la autoridad son improcedentes. La empresa asegura que no cederá ante los intentos de extorsión que buscan beneficios personales sobre la ley.
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