El DIF estatal anunció que cinco organizaciones civiles deberán desalojar un predio en la Colonia Palo Blanco, en San Pedro, antes del 22 de septiembre. Pese al rechazo de especialistas, académicos y organismos ciudadanos, el espacio será destinado a la construcción del Centro de Intervención para personas con Trastorno del Espectro Autista (CITEA), que encabezará el DIF de Nuevo León.
Proyecto CITEA Desplaza A Asociaciones En Palo Blanco
El viernes pasado, Mariana Rodríguez, presidenta de Amar a Nuevo León y esposa del gobernador Samuel García, dio a conocer el proyecto en un evento sin acceso a medios de comunicación. Explicó que el objetivo es levantar un centro público especializado en atención al autismo, el más grande de México.
Rodríguez destacó que las instalaciones ya pertenecen al DIF estatal y que serán renovadas y reconstruidas para cumplir con necesidades específicas. Sin embargo, omitió señalar que actualmente el predio se encuentra ocupado por cinco asociaciones civiles.
Las organizaciones que deberán desalojar son: Instituto de Psicoterapia ABP, Ingenium ABP, Casa Azul AC, Padrinos de Nuevo León ABP y Comunidad Gonzalitos. Todas ofrecen apoyo médico, terapéutico, emocional y contra adicciones a personas en situación vulnerable.
Críticas De Especialistas Y Organismos Civiles
La decisión del DIF estatal ha generado críticas entre especialistas, académicos y colectivos ciudadanos. Consideran que el cierre de estas asociaciones representa un retroceso en la atención a grupos vulnerables, pues muchas familias se quedarán sin un espacio de apoyo.
El Consejo Cívico también manifestó su rechazo al desalojo, señalando que el Estado debió buscar alternativas antes de retirar a las organizaciones. En su opinión, la construcción del nuevo centro no debería implicar el cierre de instituciones que ya brindan atención especializada.
Los pacientes y sus familias temen que, tras el desalojo, se queden sin servicios básicos de acompañamiento, lo que agravaría la situación de quienes dependen de estas asociaciones.
Antecedentes Del Predio En Disputa
El predio en cuestión fue otorgado en comodato en 2002 para el uso de estas asociaciones civiles. Desde entonces, los colectivos lo ocuparon para ofrecer programas de salud y rehabilitación.
Sin previo aviso, el Gobierno del Estado dio por terminado el convenio en junio de este año. Las asociaciones recibieron un plazo de 30 días para abandonar las instalaciones, situación que fue interpretada como un desalojo forzado.
Aunque en conversaciones iniciales se les aseguró que podrían recibir apoyo para encontrar otro espacio, esto no sucedió. El DIF estatal se limitó a comunicar que el lugar sería utilizado para el nuevo CITEA.
Licitación Y Fecha De Inicio De Obra
De acuerdo con las bases de la licitación lanzada la semana pasada, la construcción del CITEA arrancará el 22 de septiembre, mismo día en que vence el plazo para que las asociaciones desalojen el inmueble.
El proyecto pretende consolidar un espacio de atención pública para personas con autismo en San Pedro. Según Mariana Rodríguez, este será el centro más grande y especializado del país, con instalaciones modernas y capacidad de atención masiva.
No obstante, los críticos señalan que el proyecto avanza sin un plan claro para reubicar a las asociaciones que durante años han ofrecido un servicio comunitario fundamental.
Reacciones De La Comunidad Y Expectativas Futuras
Las familias beneficiarias de las asociaciones desalojadas expresaron preocupación por el cierre inminente. Afirman que las autoridades no han ofrecido soluciones alternativas y que sus necesidades quedarán desatendidas.
Por otro lado, el Gobierno estatal insiste en que el CITEA será un espacio incluyente que ampliará la cobertura de atención a niños y adultos con autismo. Pero queda la duda en la ciudadanía de por qué las autoridades estatales deciden eliminar instituciones que ya brindan un servicio necesario a la comunidad para reemplazarlo por otro en lugar de continuar con ambos.
El desafío estará en cómo se implementa el proyecto y en si el DIF estatal logra compensar la pérdida de los servicios que dejarán de ofrecer las cinco organizaciones civiles.
En cualquier caso, la polémica refleja la tensión entre la creación de nuevos proyectos públicos y la continuidad de instituciones sociales ya establecidas.
Debate Sobre Prioridades Sociales
El caso del DIF estatal y el desalojo en Palo Blanco evidencia los dilemas de la política social en Nuevo León. Por un lado, el Gobierno busca impulsar un centro innovador de atención al autismo. Por otro, sacrifica a cinco organizaciones que por más de dos décadas han trabajado directamente con la población vulnerable.
El desenlace dependerá de si el Estado logra equilibrar ambas necesidades. Por ahora, lo cierto es que el plazo para el desalojo está fijado y las asociaciones deberán abandonar el predio en cuestión de semanas.
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