Las extorsiones en Nuevo León no solo van en aumento, sino que están alcanzando niveles alarmantes que afectan directamente la economía y la seguridad de miles de personas. Así lo denunció la Coparmex Nuevo León el pasado 9 de julio, al revelar que durante el primer semestre de 2025 se registraron 480 carpetas de investigación por este delito. Esto representa un incremento del 15 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, lo que posiciona al estado entre los primeros lugares del país con más denuncias por extorsión.
El llamado del sector empresarial fue directo: se necesita que las autoridades estatales actúen con seriedad y firmeza, pues la falta de respuestas claras y efectivas está dejando a las víctimas en el abandono. Roberto Cantú Alanís, presidente estatal de la Coparmex, advirtió que la extorsión no solo es un problema de seguridad, sino también un grave obstáculo para el desarrollo económico. A pesar de las cifras crecientes, el gobierno de Nuevo León no ha mostrado una estrategia clara ni resultados contundentes para detener este fenómeno delictivo.
Cifras de extorsiones siguen creciendo
El reporte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirma la gravedad de la situación. Solo en los primeros seis meses del año se abrieron 480 carpetas de investigación por extorsión, una cifra que supera con creces los datos del año anterior.
El aumento del 15 por ciento no es menor. Refleja una tendencia sostenida de crecimiento en este delito, que se manifiesta de diversas formas: desde llamadas amenazantes hasta cobros de piso a comerciantes y empresarios. Sin embargo, las autoridades estatales siguen minimizando el problema o delegando responsabilidades, mientras la ciudadanía se enfrenta sola a una amenaza constante.
Lo más preocupante es que, según Coparmex, estas cifras podrían ser solo la punta del iceberg, ya que muchas víctimas prefieren no denunciar por miedo a represalias o por la falta de confianza en las instituciones.
Coparmex exige respuestas al gobierno
Ante este panorama, la Coparmex de Nuevo León lanzó una exigencia clara al gobierno estatal: acciones firmes, coordinación interinstitucional y protección real a las víctimas.
“La extorsión paraliza inversiones, inhibe el crecimiento y afecta a miles de familias. No podemos permitir que el miedo se normalice”, advirtió Cantú Alanís. Desde el sector empresarial se pide no solo reacción, sino una estrategia integral y visible.
Uno de los principales reclamos es que las leyes actuales no protegen adecuadamente a las víctimas, e incluso pueden obligarlas a exponerse durante los procesos de denuncia, lo cual desalienta aún más la presentación de casos ante la autoridad.
La falta de protocolos estandarizados y de apoyo legal o psicológico genera un clima de indefensión que agrava la crisis. La Coparmex ha señalado que, sin una respuesta clara, el Estado está permitiendo que las extorsiones sigan creciendo sin control.
Propuestas ante la ola de extorsiones
Para intentar frenar el avance de las extorsiones, la Coparmex propuso seis acciones concretas que el gobierno estatal debe adoptar de inmediato.
- 1. Homologar la legislación local con la Ley General contra la Extorsión. Esto permitiría reforzar el marco jurídico estatal y facilitar la aplicación de sanciones.
- 2. Diseñar protocolos específicos para casos de extorsión telefónica y cobro de piso. Sin estos lineamientos, las víctimas no saben cómo actuar ni a quién recurrir.
- 3. Impulsar las denuncias con mecanismos que garanticen la seguridad de los afectados. El miedo a las represalias es uno de los principales factores que inhiben la denuncia.
- 4. Establecer apoyos legales y psicológicos a las víctimas. El impacto emocional y legal de una extorsión puede ser devastador, y muchas personas enfrentan este proceso sin ayuda.
- 5. Crear estrategias para rastrear redes criminales, congelar cuentas bancarias y bloquear líneas telefónicas. El uso de tecnología debe estar al servicio de la investigación y la prevención.
- 6. Revisar con urgencia el control en los centros penitenciarios. Muchas de las extorsiones se originan desde las cárceles, lo que evidencia una falta total de supervisión interna.
Estas propuestas, que deberían ser implementadas sin demora, han sido ignorada por el gobierno estatal, que continúa sin presentar un plan concreto para contener este delito.
Gobierno estatal sigue sin reaccionar
A pesar del aumento en los casos de extorsiones, las respuestas del gobierno estatal han sido vagas o nulas. No hay una campaña pública de prevención, no hay una fiscalía especializada ni una política clara de protección a víctimas.
La ciudadanía percibe un abandono total, donde solo se responde a las crisis cuando escalan mediáticamente. Mientras tanto, los delincuentes siguen operando con libertad, extorsionando a comerciantes, empresarios y ciudadanos comunes.
La falta de voluntad política para enfrentar esta crisis deja en evidencia las deficiencias estructurales de un gobierno más preocupado por la imagen que por la seguridad. La sociedad civil, los empresarios y las víctimas ya alzaron la voz. Ahora, el siguiente paso depende de las autoridades: actuar o seguir permitiendo que el miedo se apodere del Estado.
Si te interesa conocer más sobre el tema, lee el siguiente artículo: Incremento de extorsiones son por confianza para denunciar: Fiscalía de Nuevo León
