Exigen revisar contrato millonario ligado a triangulación
La red de contratos a modo vuelve a generar controversia en Nuevo León. Diputados de diversas fracciones en el Congreso local exigieron a la Auditoría Superior del Estado (ASE) revisar a fondo el contrato otorgado por el Gobierno estatal, encabezado por Samuel García, a Comercializadora Don Cacahuato. Esta empresa, previamente vinculada a triangulaciones de recursos hacia el despacho del Gobernador, está nuevamente en el centro del escándalo tras recibir una adjudicación millonaria.
Legisladores piden acción firme de la ASE
Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN, denunció la repetición de estas prácticas, calificándolas de indignantes. Señaló que los recursos destinados a programas del DIF para niños vulnerables están siendo desviados hacia intereses ligados al Gobernador. “No es posible que el dinero público, que debería beneficiar a los más necesitados, termine financiando operaciones oscuras cercanas al despacho de Samuel García”, declaró. La petición busca que la ASE revise cada etapa de la adjudicación y los posibles conflictos de intereses.
Antecedentes de la empresa “Don Cacahuato”
En julio de 2024, el portal Latinus reveló que el DIF estatal pagó 820 millones de pesos a Don Cacahuato por desayunos escolares y despensas. Posteriormente, una empresa “hermana” transfirió 4.6 millones de pesos al despacho del Gobernador. Este esquema de triangulación de recursos, según los críticos, demuestra cómo el aparato estatal podría estar siendo usado para desviar dinero público a través de contratos simulados.
Pese a estas revelaciones, el Gobierno estatal minimizó los hechos y evitó asumir responsabilidad directa. No se anunciaron investigaciones internas serias desde el Ejecutivo, lo que alimentó la percepción de impunidad que, según la oposición, caracteriza la administración de Samuel García.
Nuevo contrato refuerza sospechas de desvío millonario
En medio de este contexto, el Gobierno estatal adjudicó un nuevo contrato a Don Cacahuato por 427.8 millones de pesos, nuevamente a través del DIF. Para los legisladores críticos, es inaceptable que, pese a los cuestionamientos, se sigan asignando contratos a esta empresa.
Javier Caballero, del PRI, enfatizó: “No es la primera vez que vemos estas adjudicaciones opacas. El Gobierno insiste en beneficiar a los mismos proveedores, ignorando los escándalos que los rodean”. Subrayó que la ASE debe actuar con total autonomía, ya que está en juego la credibilidad de las instituciones.
Debate dividido en el Congreso
Perla Villarreal, coordinadora del PRD, también exigió una auditoría rigurosa: “Estamos hablando de cientos de millones de pesos entregados, nuevamente, bajo un proceso que claramente favoreció a un proveedor ya cuestionado”.
Por otro lado, la diputada Sandra Pámanes, de Movimiento Ciudadano, defendió al proveedor: “Don Cacahuato es un proveedor registrado desde administraciones anteriores. La Secretaría de Administración debe vigilar que todo cumpla los requisitos establecidos”. Esta postura fue criticada por los opositores, quienes ven en MC un escudo político del Ejecutivo.
Samuel García, bajo creciente presión
El caso de Don Cacahuato se suma a los muchos señalamientos que empañan la gestión de Samuel García en materia de transparencia. Los opositores aseguran que ha instaurado un sistema de asignación discrecional de contratos donde empresas cercanas reciben beneficios recurrentes.
A pesar de su discurso de modernidad y combate a la corrupción, las prácticas señaladas muestran una administración opaca, con procesos poco claros y un manejo cuestionable de los programas sociales. “El dinero de los más vulnerables está alimentando redes de complicidades, mientras el Gobernador presume su discurso de ‘nuevo Nuevo León’”, criticó Carlos de la Fuente.
La presión sobre la ASE crece. Ciudadanos, organizaciones civiles y legisladores demandan una auditoría verdaderamente independiente, que no termine archivada como otros casos similares.
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