El Gobierno de Nuevo León otorgó un contrato millonario a Comercializadora Don Cacahuato, empresa que fue señalada el año pasado por presuntas triangulaciones y fraude hacia el despacho del gobernador Samuel García, mediante el sistema del DIF estatal. Este nuevo contrato fue asignado el 29 de abril pasado y tiene un monto mínimo de 427.8 millones de pesos y un máximo de 527.7 millones, destinado al suministro de canastas alimentarias, despensas y alimentación escolar, servicios que ofrece el DIF a la población vulnerable.
Lo que ha causado controversia es que la licitación para este contrato tuvo un único participante registrado, que resultó ser el ganador. Esta falta de competencia despertó sospechas y cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad del proceso de adjudicación, pues en un sistema justo se espera la participación de múltiples proveedores que puedan competir en igualdad de condiciones.
Fraude en la licitación
El acta oficial del concurso, emitida por Juan Jaime Villarreal Lozano, quien fungió como testigo social, destaca varias irregularidades importantes que ponen en duda la legitimidad del proceso. Entre estas observaciones se incluye que no se presentó una investigación de mercado previa para verificar precios y condiciones del servicio. Además, el hecho de que sólo un proveedor participara impidió que existiera competencia real, un aspecto clave para asegurar transparencia y evitar favoritismos.
También se señala que no se realizaron visitas oficiales al lugar donde se ofrecerá el servicio, lo que es fundamental para evaluar la capacidad del proveedor. Tampoco se presentaron preguntas ni solicitudes de aclaración durante la licitación, lo que indica falta de interés o quizá una simulación de proceso. Villarreal recomendó que estas licitaciones se abran para que más proveedores puedan participar, incluso sugiriendo que el contrato se divida por regiones o partidas para facilitar la competencia, dado que la complejidad de los productos y su manejo pueden dificultar la participación de muchas empresas.
Pagos previos y vínculos empresariales con el DIF
Un informe del portal Latinus, publicado en julio de 2024, reveló que entre marzo de 2022 y enero de 2024, el DIF estatal realizó 14 pagos a Comercializadora Don Cacahuato, que sumaron un total de 820 millones de pesos. Estos pagos correspondían a servicios relacionados con la provisión de desayunos escolares y despensas para diversos programas sociales. La investigación agregó que una empresa “hermana”, Distribuidora Damago, habría transferido 4.6 millones de pesos a un despacho jurídico llamado Firma Jurídica y Fiscal Abogados, cuyo nombre está vinculado directamente al gobernador Samuel García y a su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
Ambas compañías, Comercializadora Don Cacahuato y Distribuidora Damago, forman parte del Grupo Cimarrón, un conglomerado empresarial liderado por los empresarios Teodoro Martínez Ramos y Teodoro Martínez Ruiz. La cercanía entre estas empresas y el gobierno local, además de los movimientos financieros detectados, ha alimentado acusaciones de posibles conflictos de interés y corrupción en la asignación y ejecución de contratos públicos.
Contexto político y antecedentes
Los pagos a Comercializadora Don Cacahuato comenzaron bajo la administración de Miguel Ángel Sánchez como director del DIF estatal. Sánchez dejó el cargo en medio de un escándalo relacionado con la muerte sospechosa de un niño bajo el resguardo de la institución, un hecho que provocó una fuerte controversia social y política. Posteriormente, Sánchez fue respaldado y nombrado dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), el partido del gobernador Samuel García, y actualmente funge como diputado federal.
Este trasfondo político ha hecho que el caso de la adjudicación a Comercializadora Don Cacahuato no sea solo un tema administrativo, sino que también sea parte de una controversia más amplia sobre el manejo de recursos públicos, transparencia y responsabilidad política en Nuevo León. La relación entre los actores involucrados y la falta de competencia en la licitación generan un ambiente de sospecha y desconfianza entre la ciudadanía.
Impacto y expectativas ciudadanas
Esta situación ha generado una fuerte preocupación entre la población y sectores críticos que exigen una mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los contratos públicos, especialmente en temas que afectan directamente a grupos vulnerables, como la alimentación escolar y los programas de despensas. La percepción de favoritismo y la opacidad en la adjudicación ponen en riesgo la confianza ciudadana en las instituciones y en la administración estatal.
Se espera que las autoridades competentes, como la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado, continúen investigando estos hechos para determinar si existen responsabilidades legales. Asimismo, es fundamental que se implementen medidas que garanticen procesos de licitación más abiertos y competitivos, para evitar que se repitan situaciones similares y asegurar que los recursos públicos se utilicen de forma eficiente y transparente.
Si te interesa conocer más sobre los antecedentes entre el DIF y Comercializadora Don Cacahuato consulta este artículo: DIF de Nuevo León trianguló 820 mdp a cliente del despacho de Samuel García
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