La crisis con el transporte público en Nuevo León se convirtió en un espectáculo, pero la población seguirá trasladándose en unidades ineficientes.
El Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) ejecutó una sanción por poco menos de 4 millones de pesos a las empresas TICSA y LDR Solutions por incumplir con la entrega de los camiones que el gobierno del estado les solicitó desde el año pasado.
Lo llamativo del caso es que se ha destapado el aparente fraude detrás de ambas compañías, ya que han facturado a través de “empresas fantasma”, por lo tanto, estamos ante un caso de lavado de dinero y corrupción; sin embargo, el gobierno desea adquirir 600 camiones además de los casi 900 que están pendientes “de llegar”.
Hasta el momento se conoce que la empresa TICSA, que brindaría un total de 800 camiones, lavó hasta 75 millones de pesos de la inversión destinada a mejorar el transporte público en el estado.
¿Nuestra espera de nuevos camiones y la optimización de sistemas de transporte como el metro son en vano? ¿Las multas del (IMA) son para regular esta actividad fraudulenta o es otro eslabón del sistema que juega para quedarse con nuestro dinero?
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